SIN PIES, NI CABEZA

El proceso de desmovilización de las AUC no tuve nunca ni pies ni cabeza. Fue un proceso que nació sin un soporte legal: primero ocurrió la desmovilización y luego en el Congreso se cocinó la Ley de Justicia y Paz para darla un soporte jurídico a la entrega de más de treinta mil paramilitares. Sin embargo esa Ley estaba signada por un enorme vacío: castigaba a los 'peces gordos' con irrisorias penas a cambio de colaboración y reparación a las víctimas de la barbarie paramilitar, y, por otro lado, prácticamente indultaba a los combatientes rasos de este grupo armado ilegal. La Corte Suprema no tardó en denunciar ese bache jurídico: un indulto de esas características sólo es aplicable, según dicta la Constitución, a quienes se alcen en armas contra el Estado. Los paramilitares nunca se alzaron contra el Estado, sino que por el contrario actuaron en connivencia con sus fuerzas armadas. En efecto, los 'paras' se aliaron con miembros de la Fuerza Pública para combatir la subversión.

Para subsanar ese vacío jurídico el  Gobierno le ha apostado al principio de oportunidad, una figura que le otorga  a los delincuentes el beneficio de que cesen los procesos judiciales en su contra a cambio de colaboración con la Justicia. Esa figura juridica que salvaría el proceso de paz se aplicará casi cinco años después de que éste tuvo lugar, lo que revela una improvisación sin precedentes. A ello se le suma la certeza de que al proceso se colaron cientos de narcos que se disfrazaron de paras para evadir a la Justicia. Y lo más grave es que presunrtamente lo habrían logrado pagándole coimas al Comisionado de Paz de ese entonces, Luis Carlos Restrepo. Además, muchos analistas han señalado que este atropellado proceso dejo intactas las estructuras del narcotráfico y criminales de las Auc, que ahora, con el eufemístico nombre de Bandas Criminales, siguen sembrando el terror en Colombia.