Nadie puede estar por encima de la ley. Ni los sacerdotes, ni los cogresistas, ni los menores de edad que cometen delitos, ni los machos que hacen y deshacen amparados en la dictadura heterocentrista que nos ha dominado por años. Y mucho menos los militares que creen que llevar puesto un uniforme les da licencia para hacer lo que se les antoje. Por eso estoy en desacuerdo con los tribunales eclesiásticos, la inmunidad parlamentaria, el fuero militar y en general con todas aquellas gabelas jurídicas que revisten de impunidad los crímenes de aquellos que detentan cierta autoridad, o que poseen cierto poder.
En ese orden de ideas aplaudo que la justicia colombiana esté tratando de esclarecer los abusos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia y castigar a los responsables. Sin lugar a dudad la gran responsabilidad del holocausto recae sobre el M19 y nadie puede restarle gravedad a todos los excesos que cometió esa guerrilla en el desarrollo de la toma. Si llegare a se cierto que ejecutaron esa acción para hacerle un mandado al cartel de Medellín -y no por un interés revolucionario como adujeron en su momento- el peso de su culpa es mucho mayor.
Pero ello no justifica los desmanes de los militares en su intento por repeler el ataque subversivo. Once empleados de la cafetería desaparecieron sin dejar rastro. Hay testimonio gráfico de rehenes que salieron vivos asidos a los brazos de militares, mas después aparecieron muertos con tiros de gracia o simplemente nunca aparecieron. También existen testimonios monstruosos sobre torturas a varios rehenes infligidas por militares que incluyeron abusos sexuales a mujeres. Incluso se habla de una mujer embarazada que parió en medio de las torturas y a la cual le arrebataron a su hijo.
Si los militares en realidad cometieron esos vejámenes, deben responder. Uno de los primeros pasos que la Justicia ha tomado en ese sentido es la condena a Alfonso Plazas Vega. Como era de esperarse la ratificación del Tribunal Superior de Cundinamarca de la pena proferida por otro tribunal al militar por la desaparición de dos rehenes durante la retoma, no cayó en gracia en esta país de ultraderecha. Muchos asumen que la justicia se mamertizó o fue infiltrada por el terrorismo; por tanto la pena al militar es un castigo a los "héroes" que "defendieron la democracia" amenazada por el terrorismo.
Mala interpretación: la Justicia no está castigando o coartando a los militares por cumplir con su deber; simplemente les está aplicando una pena justa por los abusos que cometieron. Muchos dicen que los empleados de la cafetería era auxiliadores del M19. Si era así el camino correcto era denunciarlos ante las autoridades judiciales y que éstas determinaran la validez o falsedad de las acusaciones. De cualquier manera es muy difícil justificar el hecho de que fueran sometidos a los tratos más infames.
Algunos dicen que la Justicia se está ensañando con los militares. Pero lo cierto es que durante más de 20 ésta no los llamó a responder por lo ocurrido en la retoma. A la Fuerza Pública la asiste la obligación de velar por el orden y contrarrestar los actos de violencia. Pero de allí a que portar un uniforme les dé el derecho a los policías y militares de hacer lo que les venga en gana sin responder por ello, hay mucho trecho.
