En noviembre de 2012 una bala supuestamente descerrajada por un policía acabó con la vida de Clisman Eduardo Tuquerres en la Buitrera, corregimiento al sur de Cali. No voy aquí a pronunciarme sobre la culpabilidad e inocencia del uniformado porque eso le compete a la Justicia, pero sí debo decir que éste es un caso ilustrativo de lo que puede pasar con la ampliación al fuero militar.
En primera instancia el caso fue asumido por la justicia penal militar. Meses después el agente de la policía quedó libre por vencimiento de términos. Sin embargo el Consejo Superior de la Judicatura dictaminó que el caso pasará a la justicia ordinaria. En el curso de esa nueva etapa del proceso judicial el policía fue cobijado con medida de aseguramiento.
Todos estos hechos parecerían corroborar que la justicia penal militar es un camino directo a la impunidad a juzgar porque bajo su jurisdicción el policía quedó libre, mientras que en la jurisdicción ordinaria resultó privado de la libertad.
Ahora analicemos la situación a la luz de la ampliación del fuero militar. Con esta reforma el Consejo de la Judicatura pierde la potestad de definir cuál justicia debe juzgar a los miembros de la fuerza pública. La decisión pasa a ser asumida por una comisión entre cuyos integrantes hay militares. Uno podría especular que si el caso de La Buitrera hubiera entrado a análisis en esta comisión, los militares por solidaridad de cuerpo hubieran decidido remitir el caso a la Justicia Penal Militar.
Claro, están los que afirman que a los militares los deben juzgar funcionarios que conozcan las singularidades de la guerra que asola a Colombia. Pero eso no puede ser un camino a la impunidad
Algunos sectores quieren retratar ante la opinión pública unas fuerzas militares desmoralizadas por la persecución de una justicia que no entiende o no conoce las características peculiares de los actos del servicio en el marco del conflicto interno colombiano. Pero lo conocido recientemente sobre Tolemaida, donde unos militares condenados por graves delitos salían a la calle cuando se les antojaba entre otras prebendas refleja que los miembros de la fuerza pública gozan de muchas garantías que rozan en la impunidad.
Y ahora incluso los militares envueltos en graves crímenes reclaman en el marco del actual proceso de paz que ellos también resulten beneficiados con indultos. En pocas palabras la fuerza pública igualándose a los criminales de las Farc. No hay punto de comparación porque los militares y policías representan al Estado y existen para preservar el orden y como tal deben tener un comportamiento intachable. Si incurren en delitos deben responder por traicionar el propio papel que desempeñan en la sociedad.
Si hay una justicia especial para militares que entienda las particularidades de su actuación durante la guerra pues que la haya, pero que no se convierta en un camino expedito hacia la impunidad y la injusticia.
